CORPROA VALORA CREACIÓN DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SUSTENTABLES

El presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, Daniel Llorente, valoró el proyecto de Ley Agenda de Pro Inversión, anunciado por el Gobierno, al tiempo que destacó -de manera especial- el decreto que crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, acciones que deberían dar el esperado impulso a la economía nacional y sobre todo regional.

“Con el eslogan de ‘guerra contra la burocracia’, el Presidente Sebastián Piñera da una señal clara en cuanto la dirección económica que quiere tomar. Los anuncios nos llenan de optimismo, en el sentido que para nuestra Corporación, es clave la puesta en marcha de megaproyectos en la región si es que queremos lograr que Atacama vuelva a crecer como en años anteriores. Corproa está por la inversión sustentable y valoramos que esta iniciativa, en ningún caso, trata de obviar obligaciones de carácter legal y ambiental si no que al contrario, lo que se busca es agilizar aquellas tramitaciones de inversiones serias y que nuestra región necesita a la brevedad”, dijo el líder gremial.

La iniciativa del Ejecutivo será la primera de varias agendas pro inversión que este quiere impulsar y que en esta ocasión apunta a ajustes acotados a las normativas que inciden en la tramitación de proyectos de inversión.

Para Llorente “esta situación resulta fundamental para que Atacama acelere el proceso de reactivación económica y alcance el ritmo necesario de inversión para el crecimiento local”.

Para Llorente, ambas iniciativas van en la dirección correcta. “Esperamos que se puedan solucionar los problemas burocráticos que han entrampado a algunas iniciativas y que las han hecho caer una a una en Atacama. Sentimos que existe un ánimo de hacerlo, de ir mejorando, de modernizar el Estado en lo que respecta a las aprobaciones y normativas, de tal manera que los proyectos tengan más claridad al momento de presentar sus estudios en el sentido de saber qué va a ocurrir, pues hoy en día, luego de 18 ó 24 meses de trabajar en un estudio de impacto ambiental, el proyecto es aprobado y al día siguiente aparecen juicios y otros procedimientos, que si bien la ley permite, también significan atrasos o, en definitiva, la deserción del inversionista y el abandono de su iniciativa”, insistió.

 

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